Sesión Extraordinaria de la OEA para tratar Crisis en Nicaragua

Sesión Extraordinaria OEA Nicaragua CrisisLa OEA ha anunciado una nueva sesión extraordinaria para tratar el tema de la Crisis en Nicaragua, iniciada el 18 de abril a raíz de protestas por medidas a la Seguridad Social, pero agravadas por asesinatos de manifestantes mediante el uso de fuerza letal. La crisis se ha agravado con el uso de fuerzas paramilitares fuertemente armadas por el Gobierno, que han disparado la cifra de muertos a más de 400 según conteo de Asociación Nicaragüenses Pro Derechos Humanos y a 295 según conteo de la CIDH (que ellos mismos aseguran como conservador).

La sesión se llevará a cabo el 02 de agosto en el Salón Simón Bolívar, mismo que albergó la sesión anterior en la que se votó a favor de una resolución que condena al Gobierno de Nicaragua por el uso de fuerza letal y por graves violaciones de derechos humanos.

En la sesión de este 02 de agosto varios países proponen la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento a la situación en Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua rechazó de antemano esa propuesta mediante su representante permanente en la OEA, puesto que para ellos es un signo de injerencia en asuntos nacionales.

En declaraciones a CNN el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, afirmó que “la acción de los países de la organización, de ninguna manera constituye injerencia porque tiene que ver con los postulados de las responsabilidades que surgen de la Carta Democrática Interamericana y de la propia carta de la OEA”.

Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Canadá y Brasil son los países que han impulsado el proyecto de resolución para la creación de esta comisión especial de seguimiento.

De momento la situación actual en Nicaragua ha mutado a una represión selectiva por parte del Gobierno. La actuación de cuerpos policiales y parapoliciales es específicamente contra personas que han participado, ayudado o liderado puntos de protestas a lo largo y ancho del país. Se ha dado paso a una persecución directa para secuestrar, apresar y procesar ilegalmente a manifestantes bajo la figura de “terrorismo”.

El sistema de justicia y las autoridades policiales no emiten ni permiten información sobre las detenciones arbitrarias. Los procesos judiciales son a puerta cerrada y se niega acceso a los organismos observadores de derechos humanos en Nicaragua tales como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos así como la CIDH.

Mientras que siguen apareciendo en morgues cuerpos de manifestantes sin que haya explicación por su muerte. La cifra de muertos en todo este conflicto se eleva a más de 400 según conteo de la ANPDH (Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos).

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